CIDH respaldó manejo de la crisis institucional en Perú tras destitución de Pedro Castillo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves "las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú", tras el intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso.
El organismo sostuvo que reconoce "la respuesta democrática de las instituciones del Estado y llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho".
"El expresidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje a la nación en la mañana del 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e instalar un gobierno de emergencia que actuaría a través de decretos-ley. Además, anunció el toque de queda, así como la reorganización del sistema de justicia, incluyendo el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, entre otros aspectos", sostuvo el organismo.
La Comisión consideró además que "la acción anunciada desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso".
Además, decretó la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de locomoción, asociación sin criterios específicos; "y ordenó, de manera unilateral, la reorganización de todo el poder judicial".
"En el ámbito interno la decisión fue denunciada como un golpe de estado por algunas instituciones de los demás poderes estatales, y rechazada entre ellas por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscal General de la República, la Procuraduría General, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, el Congreso tomó la decisión de declarar la vacancia presidencial, generando la sucesión constitucional, habiendo asumido la Presidencia la exvicepresidenta Dina Boluarte", sostuvo la CIDH.
Indicó también que reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú, en defensa de la democracia, "para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho".
La CIDH recordó que "Perú ha vivido una sucesión de crisis constitucionales que continuarán registrándose en tanto no existan definiciones objetivas de figuras constitucionales como la disolución unilateral del Congreso, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la acusación constitucional".
"El Estado debe continuar sus esfuerzos para garantizar la gobernabilidad en el país, así como asegurar que los enfrentamientos entre los poderes estatales no tengan impactos en la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos, apuntó.