Extorsión carcelaria creció más del 20% en los últimos cuatro años en Colombia
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado especial al Gobierno y entidades pertinentes a que se trabaje en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar el delito de la extorsión ejercida desde las cárceles del país.
Según cifras de la Policía Nacional, en 2020 se reportaron más de ocho mil casos; durante 2021, 8.342, en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871. Es decir, el delito cada año aumenta y en comparación de los dos últimos se incrementó un 20,5%.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión fueron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).
“Las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Defensoría solicitó un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que sea modernizado el sistema penitenciario con tecnología 4G o 5G y así sean más eficientes los inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles.
De igual manera, la Defensoría destacó los resultados y desarrollo de la 'Operación Dominó', impulsada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ya que con él se han logrado identificar los principales extorsionistas y neutralizarlos.
Por los diferentes controles de seguridades ejercidos por el Inpec, los funcionarios están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo en Santander, pero también en otros centros.
“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, pero se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indicó Camargo.
El defensor le extendió el llamado al Inpec para que se consoliden convenios con empresas operadoras del servicio de telefonía celular, con el fin de crear mecanismos de prevención como la identificación en los equipos de comunicación que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.