"Este es un ataque contra el empresariado": gremio de hidrocarburos en frontera, tras declaraciones de MinMinas

"Creo que el Ministro fue impertinente en sus apreciaciones en el congreso, porque prácticamente nos tildó de contrabandistas, que las estaciones de servicio son las que auspician el narcotráfico a través del combustible. Sacó pecho por cerrar 800 estaciones en Colombia. Este gobierno no entiende que el negocio de estaciones no es de los grandes emporios; los emporios económicos son los mayoristas, las grandes marcas; las estaciones son normalmente empresas pequeñas y familiares que generan empleo, que pagan impuestos y ayudan a embellecer la ciudad", manifestó Raad.

El representante del gremio agregó que este es un ataque formal contra el empresariado en el país, por parte del Gobierno Nacional, que puede generar graves afectaciones a sus economías.

"El sector de los combustibles es un sector golpeado y ahora para el gobierno nacional somos los delincuentes. Sale el presidente Petro a decir que hay que hacer investigación a las estaciones de servicio; yo creo que esto es un ataque formal contra el empresariado colombiano, que trabajamos en la legalidad".

De igual forma, otra de las preocupaciones del sector minorista está relacionada con la posibilidad de que se desmonte el subsidio para el diésel para vehículos particulares, oficinas y diplomáticos.

En esta zona de frontera, el gremio de estaciones de combustible constantemente ha expuesto su preocupación por el alto valor del combustible una vez se distribuye el producto subsidiado. Por ello llaman la atención del gobierno nacional, para que se revise esta solicitud y se tomen las medidas necesarias.

Por otra lado, La FM conoció una denuncia que involucra al director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, ingeniero Julián Flórez Quiroga, por presuntas irregularidades en la expedición de resoluciones de asignación de cupos de combustible en municipios de frontera, desde julio de 2025.

De acuerdo con la normativa vigente, la metodología para distribuir combustibles líquidos con beneficios tributarios establece primero un volumen máximo municipal y luego su reparto entre las estaciones de servicio.

La Resolución 40412 de 2021, modificada por la 40082 de 2022, fija que el volumen máximo por estación es de hasta 200.000 galones mensuales, aplicando un criterio de ponderación del 80% sobre las ventas reportadas en 2021 y 20% sobre la capacidad de almacenamiento.

Según la denuncia, el director habría decidido reducir ese tope a 140.000 galones sin sustento técnico ni normativo. “La norma dice que no se puede modificar la metodología, se puede expedir otra, sí, pero la actual tiene anexos técnicos que hablan sobre los datos que se deben tener en cuenta”, señala uno de los apartes de la denuncia. Esta decisión habría generado afectaciones logísticas en varias estaciones y un reparto discrecional de los excedentes de combustible.