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Javier Jules
19 Mar 2024 11:47 AM

Alcaldesa de Vetas denuncia persecución del MinAmbiente contra mineros legales en Soto Norte

Viviana
Pinilla González
La mandataria destacó el Decreto 044 de 2024 que afectaría a mineros legales sin posibilidad de subsistir.

La alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez, ha levantado la voz en el Congreso de la República, acusando al Ministerio de Ambiente de liderar una persecución sistemática contra los mineros legales en la Provincia de Soto Norte. Su denuncia se enmarca en el reciente debate de control político, centrado en el Decreto 044 de 2024 sobre zonas de reserva temporal, el cual, según la mandataria municipal, amenaza la actividad minera ancestral y tradicional de la región.

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García Rodríguez ha señalado que la expedición de este decreto afectaría no solo a los mineros de Vetas, California y Suratá, sino que también aumentaría el riesgo de actividad ilegal por parte de grupos armados en el Páramo. Además, la aplicación del decreto ignoraría los acuerdos alcanzados en mesas de delimitación del Páramo de Santurbán, lo que generaría una situación de ilegalidad para los mineros legalmente establecidos en la zona.

La alcaldesa ha solicitado el cese de la persecución por parte del Estado contra los mineros legales y aquellos que buscan formalizar su actividad. Enfatizó la necesidad de respetar los acuerdos de delimitación del Páramo y el derecho de las comunidades a participar en decisiones ambientales, tal como lo respalda la Corte Constitucional.

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Durante el debate, se destacó que el Decreto 044 de 2024 permitiría la declaración de zonas de reserva temporal sin criterios técnicos ni participación comunitaria, lo que afectaría significativamente a quienes dependen de la minería para su sustento. La alcaldesa también exigió al Ministerio de Ambiente que informe sobre las zonas de reserva temporal propuestas en los territorios de Vetas, California y Suratá, y que garantice la participación de toda la comunidad en este proceso.

García Rodríguez advirtió que una declaración de reserva temporal en Soto Norte agudizaría la crisis ambiental y social en la región, incrementando el riesgo de minería ilegal y dejando a los mineros legales sin la posibilidad de subsistir. En este sentido, hizo un llamado urgente para que se respete la actividad minera legal en la zona y se permita a las comunidades desarrollar su actividad de manera sostenible y responsable.