Encuentran Irregularidades en negocios de Bucaramanga: Secretaría del Interior cerró negocios en Asturias
En una operación contundente, realizada por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en colaboración con funcionarios de la Secretaría del Interior, llevó a cabo cierres de negocios en el barrio Asturias tras recibir denuncias de intranquilidad por parte de la comunidad. Siete establecimientos fueron clausurados por incumplir normativas locales.
El secretario del Interior de Bucaramanga, coronel (r) Gildardo Rayo, informó que estos operativos forman parte de la estrategia ‘Plan Candado’, una campaña integral para mantener la paz y seguridad en la ciudad. Cuatro locales fueron cerrados de manera permanente, mientras que tres enfrentarán cierres temporales como consecuencia de actividades no permitidas.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respaldó estas medidas, destacando el compromiso de la administración para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
El mayor Richard Guzmán, comandante de la Estación Sur, elogió la acción contra propietarios que infringieron las normas y subrayó la importancia de mantener la buena convivencia.
Estos cierres fueron ejecutados en cumplimiento estricto del Artículo 92, numeral 12, de la Ley 1801; que prohíbe actividades específicas en ciertos sectores.
Mientras que, desde la Alcaldía de Bucaramanga, se enfatiza que estos esfuerzos sean parte de una iniciativa constante para mantener el orden en la ciudad y mejorar la calidad de vida de los residentes.
De igual forma la autoridad reiteró que es esencial la colaboración ciudadana para el éxito de estos operativos. La administración alienta a los residentes a denunciar situaciones que generen intranquilidad, mientras que continúan reafirmando su compromiso de construir una ciudad más segura.
El motivo de la asistencia de la autoridad a la zona, fue por denuncias de varios vecinos del sector que denuncian que: "El barrio se convirtió en la segunda Cuadra Picha y que ha perdido seguridad".
Al sitio llegó la policía, el ejército, secretaria de Salud, del Interior y funcionarios de la alcaldía; quienes encontraron que no tenían permiso para funcionar como bares o discotecas, así como también permitían la venta de alcohol a menores de edad.