Por irregularidades en contratos de obras de la Villa Olímpica acusan a exfuncionarios de la Gobernación de Santander
Tres exfuncionarios y un contratista de la Gobernación de Santander fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas irregularidades que detectaron en los contratos de obras para el reforzamiento de los escenarios deportivos de la Villa Olímpica en Bucaramanga.
Eduar Calderón, director Especializado, señaló que se les emitió esta acusación por obras que se acercan a los 22 mil millones de pesos.
"Son los presuntos responsables de las irregularidades detectadas en los contratos de obras 766 y de interventoría 1031 de 2015 mediante los cuales se buscaba reforzar estructuralmente los escenarios de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Este contrato de obra, con sus prórrogas, tuvo un valor total de 22.000 millones de pesos, de los cuales el 16 % se comprometió para el pago de dádivas", explicó Calderón.
Los acusados son por el delito de prevaricato por omisión, por el interés indebido en la celebración de contratos, por interés indebido en la celebración de contratos y concusión y por peculado por apropiación.
Allí están señalados entonces, la supervisora de contrato, la ingeniera Ana Lucía Wandurraga Ballesteros; el abogado de la Secretaría de Infraestructura, Édgar Fabián Báez Ariza; el asesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Sergio Andrés Pitta Rueda; y el contratista Octavio Reyes Sarmiento.
Cabe señalar que según el ente investigador los elementos de prueba indican que el contratista, al parecer, obtuvo previamente información privilegiada que le permitió mejorar la oferta y ajustarla al pliego de condiciones.
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Por otro lado, se les estableció que a estas personas que están acusadas se les habría reconocido anticipos y adiciones presupuestales por actividades que no se realizaron o por contratos de personas y empresas que no tuvieron participación alguna en el proyecto.
Es importante que la Fiscalía General de la Nación indicó que el abogado de Báez Ariza estaría involucrado en el direccionamiento del contrato de obra. Además, el abogado de Pitta Rueda, habría gestionado la adición presupuestal del proyecto y de solicitar más de 13 millones de pesos a la interventoría para cambiar la modalidad de pago.