Fiscalía imputó cargos a Rodolfo Hernández y su esposa por dineros irregulares durante su campaña a la Presidencia en 2022
El excandidato presidencial y su esposa, Socorro Oliveros; quien fue gerente de su campaña presidencial en 2022, son investigados por presuntamente recibir dineros prohibidos al final de su campaña a la Presidencia de la República. Esta nueva imputación, se da al tiempo que Hernández también es investigado por el caso de Vitalogic.
La demanda fue interpuesta por abogados oriundos en Valle del Cauca, para el mes de junio de 2022, y la fecha de la audiencia tuvo lugar hoy viernes, 12 de enero, a las 7:30 de la mañana en el Juzgado 8 Penal de Control de Garantías en la ciudad de Bucaramanga.
Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros, su esposa, no aceptaron cargos cuando la jueza los acusó.
Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, hicieron esta denuncia, tres días antes de la segunda vuelta presidencial; allí Hernández habría violado la ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas y aportan cerca de $127 millones de pesos para su aspiración a la presidencia, al tiempo que era procesado y llamado a juicio por el caso de vitalogic; caso que le concedió una inhabilidad de 12 años. Anterior sentencia la dictó la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia radica en la financiación de campañas con recursos prohibidos. Al tiempo que también está en proceso judicial contra la administración pública, por el uso de recursos propios en contravención de esta reglamentación.
La imputación de cargos se produce en un momento en que Rodolfo Hernández se encuentra en juicio por el mencionado delito contra la administración pública.
Cabe resaltar que Rodolfo Hernández, el pasado 30 de diciembre fue sancionado por quinta vez por insultar al exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. Una de estas sanciones anteriores corresponde a también agredir verbalmente a un veedor ciudadano, mientras que las otras han sido: Por golpear a un exconcejal de la ciudad de Bucaramanga, por el escándalo de vitalogic, y por acosar laboralmente a un funcionario de la alcaldía municipal.