Procuraduría General de la Nación investiga irregularidades en contrato millonario suscrito por exsecretaria de Educación de Santander
La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo escrutinio a María Eugenia Triana Vargas, exsecretaria de Educación de Santander, por presuntas irregularidades en un contrato por valor de $1.372 millones de pesos. Según las acusaciones, Triana otorgó este contrato de manera directa a la Fundación Piensa en Todos, sin seguir el procedimiento de licitación pública como lo establece el estatuto contractual.
Al suscribir el bilateral por $1.372’959.560 con la ‘Fundación Piensa en Todos’, se habría utilizado una modalidad contractual que no correspondía con lo estipulado en la normativa vigente.
El contrato en cuestión, identificado como el número 1461 del 28 de agosto de 2020, tenía como objetivo la prestación de servicios de apoyo pedagógico para la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en los municipios no certificados del departamento de Santander.
La Procuraduría sostiene que, dada la naturaleza especializada de los servicios requeridos, que implican disciplinas como educación, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, entre otros, era imperativo seguir el proceso de licitación pública para garantizar la transparencia y la competencia en la contratación pública.
En su decisión, la Entidad recordó que “cuando se trata asuntos que involucran actividades profesionales o especializadas” que, como en este caso, requiere del ejercicio de profesionales en el área de educación, debe acudirse al procedimiento de licitación pública.
Provisionalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander calificó la posible falta de la investigada como gravísima cometida a título de culpa grave.
Los sujetos procesales podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. El expediente se remitirá al despacho correspondiente para que asuma el conocimiento de la etapa de juzgamiento respecto a los cargos formulados.
La Procuraduría General de la Nación ha reiterado su compromiso de velar por el correcto ejercicio de la función pública y garantizar la legalidad en los procesos de contratación, especialmente en aquellos casos que afectan directamente los servicios y la calidad educativa en la región.