Tribunal Administrativo de Santander ordenó construcción urgente de un puente militar sobre el río Chicamocha
El Tribunal Administrativo de Santander ha emitido una orden contundente dirigida al gobierno seccional, al ejército y a la gestión del riesgo: la construcción inmediata de un puente militar sobre el río Chicamocha, entre los municipios de Molagavita y Mogotes. Esta medida se ha tomado en respuesta a la situación crítica que enfrentan diariamente los habitantes de la zona, en particular los niños, adultos mayores y la comunidad en general, quienes arriesgan sus vidas al cruzar un tramo de unos 100 metros de largo sobre el mencionado río, utilizando una tarabita como único medio de transporte.
Marco Antonio Velásquez, instigador de una acción popular, ha sido clave en este proceso. En segunda instancia, el alto tribunal confirmó medidas cautelares dictadas por el juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, las cuales exigen la construcción del puente en cuestión entre estos dos municipios.
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El Tribunal ha advertido sobre la urgencia de la situación, indicando que, mientras se buscan los recursos necesarios para la construcción del puente definitivo, se debe proceder con la edificación de un puente militar temporal. Se ha otorgado un plazo de un mes para llevar a cabo estas obras, involucrando al ejército, la gobernación de Santander y la Gestión del Riesgo.
Esta decisión del Tribunal surge en un contexto marcado por preocupantes incidentes en infraestructuras viales de la región.
La Procuraduría fue quien inició el pasado 3 de marzo sus investigaciones sobre el colapso de un puente colgante en la vereda San Miguel y que generó interrogantes sobre la calidad de las obras realizadas por la Gobernación de Santander, en su anterior administración.
La comunidad se encuentra inquieta por la seguridad de las estructuras entregadas, como el puente en Cepitá, que se desplomó apenas un mes y medio después de su inauguración, dejando en evidencia posibles irregularidades en su construcción y un uso inadecuado de los recursos públicos.
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Ante estos sucesos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander también se ha mantenido en la recolección de pruebas para determinar la existencia de conductas irregulares y evaluar posibles responsabilidades disciplinarias. La comunidad aún con esperanza, aguarda y espera que se tomen medidas concretas para garantizar su seguridad y bienestar.