MinAgricultura resalta importantes avances en la entrega de tierras a campesinos

Durante una intervención en el Consejo de Ministros, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, informó que el gobierno ha adquirido un total de 377 mil hectáreas de tierra destinadas a la redistribución para familias campesinas. De ese total, 78 mil hectáreas fueron compradas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

La ministra detalló que estas 377 mil hectáreas representan un volumen considerable de suelo. “Esas 377 mil hectáreas son absolutamente significativas. Es decir que tenemos muchas ciudades, muchos suelos urbanos. Es decir que tenemos más de 20 veces Bogotá. Es decir que podemos devolverles el territorio a muchas familias”, explicó.

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Carvajalino recordó que, para lograr estas compras, fue necesario reconstruir el marco legal que había sido modificado en 2007. “Aquí empezamos diciendo que íbamos a comprarle tierra a los propietarios que ofertaran voluntariamente sus predios para poderla redistribuir. Y tocó modificar las normas, porque en el año 2007, en el Plan Nacional de Desarrollo, a la Ley 160 le quitaron la norma que permitía comprar tierras para campesinos”, dijo.

En ese contexto, el gobierno diseñó un esquema novedoso que permite reutilizar recursos públicos dentro de la política de lucha contra las drogas. “Cuando se lo compramos al Frisco tenemos un ciclo virtuoso en nuestra inversión pública porque eso entra a la política de la lucha contra las drogas. Lo que compramos aquí lo estamos haciendo para ubicar nuevamente recursos en apuestas de sustitución y desarrollo rural que transforman los territorios”, indicó.

Además de las hectáreas adquiridas, Carvajalino reportó que ya hay 16 mil hectáreas extintas puestas a disposición inmediata de la Agencia Nacional de Tierras gracias a una alianza estratégica entre varias entidades del Estado. Esto busca superar el cuello de botella que implicaba esperar la finalización de procesos judiciales de extinción, que pueden tardar hasta 20 años.

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“Lo que hemos hecho es una alianza estratégica para que los bienes extintos se pongan de manera inmediata. También para comprarlos de manera temprana y que ese proceso judicial... pueda poner en disposición rápidamente a la Agencia Nacional de Tierras. Se hace una reserva técnica y se asegura el derecho del propietario”, explicó.

La ministra también denunció irregularidades en el manejo de los bienes del Frisco y señaló que hay investigaciones en curso. “Estamos encontrando que la intervención irregular de registradores, de jueces o de notarios empieza a advertirse y las empezamos a denunciar. Les decimos a todos los servidores públicos que han conectado durante muchos años con el ocultamiento de los bienes del Frisco que tenemos un equipo vigilante y que haremos las denuncias que sean necesarias”, advirtió.

Carvajalino concluyó asegurando que tanto el Ministerio como la Agencia Nacional de Tierras y la SAE seguirán trabajando para garantizar que los procesos de compra y redistribución se ejecuten con transparencia y eficiencia.