Congreso propone programa de alimentación gratuita para combatir la deserción universitaria

Con el fin de reducir la deserción universitaria en las instituciones públicas de Colombia, desde el Congreso buscan crear el Programa Nacional de Alimentación Universitaria (PAU), mediante el proyecto de Ley 574 de 2025. 

De acuerdo con el representante Julián López, quien es autor y ponente de la iniciativa, se estima que el 75 % de los estudiantes matriculados en programas de pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, es decir, cerca de 517.000 jóvenes que harían parte de comunidades vulnerables. 

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Mediante el PAU se pretende crear una política pública diseñada para garantizar alimentación gratuita y nutritiva a los estudiantes de las universidades públicas del país. “Este programa será una herramienta para mejorar la permanencia educativa, el rendimiento académico, el fomento de estilos de vida saludables y la ampliación de la cobertura de los programas de alimentación actuales”, argumento López. 

El hambre ha sido catalogada como una causa silenciosa de deserción universitaria, y según el articulado, el Programa Nacional de Alimentación Universitaria pretende cubrir a la totalidad de los estudiantes de pregrado en universidades públicas y se implementaría en dos modalidades: plato servido, que deberá ser subsidiado en un 100 % por las universidades públicas, y subsidios económicos (bonos alimentarios) en aquellas instituciones donde no sea posible la entrega física del plato.  

Dentro del informe de ponencia que elaboró el representante, se revela que al mismo tiempo que el presupuesto nacional asignado a las universidades públicas creció en un 23 % en 2023, el número de estudiantes matriculados aumento un 3 %. De acuerdo con López, “muchos jóvenes no pueden acceder a la educación superior o se retiran por causa de problemas socioeconómicos para solventar gastos de matrícula, transporte y alimentación”. 

Las universidades tendrán que priorizar a estudiantes en estado de gestación o lactancia, estudiantes con discapacidad, víctimas del conflicto armado y pertenecientes a grupos étnicos. Además, las instituciones públicas deberán priorizar la compra de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales, asociaciones campesinas y organizaciones de agricultura familiar y comunitaria. 

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De acuerdo con el representante Julián López, la implementación total del PAU tendría un costo estimado de $770.338 millones anuales, equivalentes apenas al 1% del presupuesto general del Ministerio de Educación Nacional para 2025.