La solicitud fue hecha por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Ciro Alfonso Gutiérrez, quien era funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su responsabilidad en el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en 2021.
La solicitud fue hecha por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pues en ese atentado, se registraron un total de 35 heridos, de los cuáles tres eran militares estadounidenses.
Por esta situación, las autoridades estadounidenses hicieron la petición a través de la embajada de ese país, en la que señalaron que juzgaría a Ciro Gutiérrez por delitos de concierto para utilizar un arma de destrucción masiva, concierto para asesinar a miembros de los servicios uniformados, proporcionar apoyo material a terroristas, uso de un arma de destrucción masiva e intento de asesinato a miembros de los servicios uniformados.
En el documento con fecha del 10 de mayo, la sala estableció que había una investigación en la Fiscalía por esos mismos hechos, sin embargo, durante los últimos días un juez condenó a Gutiérrez.
Por esto, los magistrados emitieron concepto mixto ante la petición norteamericana, dando luz verde para que sea juzgado en Estados Unidos por algunos de los delitos mencionados por la corte distrital.
"Favorable, para que responda por los cargos de homicidio tentado agravado sobre personas protegidas internacionalmente y concierto para delinquir agravado, desfavorable por los demás delitos contenidos en la misma acusación", concluye la sentencia.
Cabe resaltar que, en las últimas semanas, también se aprobó la extradición de un militar que también participó de estos hechos, pues según acuerdos internacionales, los miembros de las Fuerzas Militares o diplomáticos de otros países, son considerados personas internacionalmente protegidas, por lo que de acuerdo a la normativa jurídica, esas naciones tienen derecho a solicitar la extradición de los responsables para judicializarlos de acuerdo a sus leyes pero respetando los principios de las normas colombianas.
Fuente
Sistema Integrado de Información
