
Fiscalía judicializa a dos exalcaldes de Cúcuta por irregularidades en contratación de obra vial
Luego de varios años de indagación, La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los exalcaldes de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala y Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, por su presunta participación en irregularidades en un contrato de una obra vial.
Además, el ente acusador, judicializó al exsecretario General de la ciudad en el periodo (2016-2019) Hugo Francisco Márquez Peñaranda, por su participación en la celebración del contrato, al parecer sin facultades pertinentes.
La investigación que fue liderada por un fiscal de administración pública de la Seccional Norte de Santander, permitió establecer que durante la celebración y ejecución del contrato, que tuvo una inversión superior a los 27 mil millones de pesos y cuyo objeto era realizar estudios, diseños y la construcción de la intersección vial denomina “Cuatro Vientos” en Cúcuta, se presentaron presuntas anomalías en las que estarían involucrados los procesados.
El exmandatario local entre 2016-2019 César Rojas, fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; Rojas Ayala, al parecer, delegó facultades al secretario general de su administración, Hugo Márquez, para contratar una obra pública con fundamento en unos decretos no vigentes.
Por ello, fue imputado, Hugo Francisco Márquez Peñaranda, exsecretario general, quien habría suscrito el contrato de obra en octubre de 2018, sin contar con la competencia legal para hacerlo.
Márquez Peñaranda, presuntamente no adquirió los predios necesarios para la ejecución de la obra, labor que le correspondía como cabeza de la entidad contratante, lo cual generó múltiples suspensiones del contrato.
Por su parte, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, exalcalde de Cúcuta en el período 2020-2023, fue imputado por el delito de prevaricato por acción.
Según la investigación el procesado habría declarado urgencia manifiesta para culminar el proyecto a pesar que el contrato original presentaba un avance del 97.44% y faltaba solo un día para terminar el plazo contractual.
La Fiscalía estableció que no procedía esta emergencia ya que no era un hecho de fuerza mayor, imprevisible o excepcional y más, cuando sólo faltaba un dos por ciento para la culminación de la obra, que por años, era esperada por la comunidad del sector.
Tras la imputación los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía; sin embargo, el proceso continúa y se esperan nuevas actualizaciones sobre esta decisión del ente acusador.
Por otro lado, la obra fue entregada a la comunidad para su utilización el pasado 30 de agosto del año 2021, luego de una serie de inconvenientes; entre ellos, la anterior mencionada urgencia manifiesta, que generó la celebración de un nuevo contrato, con una inversión adicional de 900 millones de pesos para culminar la misma, a pesar que estaba a solo un 2 por ciento de la finalización de la obra.