Gremios rechazan convocatoria a consulta popular por decreto: “Es irresponsable e ilegal”

En un duro mensaje, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y el Consejo Gremial Nacional criticaron duramente el anuncio del presidente Gustavo Petro de avanzar en una consulta popular mediante decreto, pese a la negativa del Senado de la República.

Según advirtió Fenalco, la intención del Ejecutivo representa un intento de “golpe de Estado”, al pretender desconocer los procedimientos establecidos por la Constitución para la convocatoria de una consulta.

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El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “la consulta por decreto, sin cumplir con los requisitos constitucionales, no solo es irresponsable, sino abiertamente ilegal”, al tiempo que agregó que el artículo 104 de la Carta Política exige un concepto previo y favorable del Senado.

Cabal también cuestionó el posible uso de $750.000 millones de recursos públicos para ese fin, en un contexto de déficit fiscal. En su opinión, esto configura una estrategia para deslegitimar al Congreso y adelantar, bajo una figura populista, una eventual campaña presidencial para 2026.

“A falta de resultados, se recurre al espectáculo. A falta de gobernabilidad, se arremete contra la institucionalidad”, indicó el dirigente gremial.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional, expresó su “profundo rechazo y preocupación” ante el anuncio, al considerar que vulnera la separación de poderes y pone en riesgo el orden constitucional.

En su pronunciamiento, el gremio recordó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya reconoció que la negativa del Senado sobre este tema era definitiva, lo que impide al Ejecutivo continuar el trámite por otras vías.

Asimismo, el Consejo Gremial citó el artículo 188 de la Constitución, que establece el deber del presidente de simbolizar la unidad nacional, y señaló que utilizar su investidura para presionar al Congreso o desacreditar a sectores que disienten, “atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”.

Ambos gremios coincidieron en que las reformas estructurales deben debatirse dentro del Congreso, con pleno respeto por los canales democráticos. Advirtieron que eludir ese proceso genera incertidumbre jurídica y económica, y afecta negativamente la confianza de ciudadanos e inversionistas.

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Finalmente, los sectores llamaron al Gobierno Nacional a respetar el marco constitucional y a promover un diálogo real, sin imposiciones ni descalificaciones, que permita construir consensos.