Exrectora en Santander fue condenada a 20 años de prisión por permitir abusos sexuales de paramilitares contra estudiantes

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó una condena de 20 años y 9 meses de prisión contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá (Santander).

La exdirectiva fue hallada culpable de permitir que integrantes del frente paramilitar Cacique Guanentá abusaran sexualmente de sus estudiantes y usarán las instalaciones del colegio con fines delictivos.

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De acuerdo con la sentencia, Gutiérrez mantuvo relaciones directas con los cabecillas del grupo armado, quienes entre 2001 y 2003 tuvieron presencia activa en la región.

Durante ese periodo, la Fiscalía determinó que la exrectora facilitó espacios dentro de la institución educativa y en su propia vivienda para que los paramilitares realizaran reuniones, fiestas y hasta cometieron agresiones sexuales contra niñas y adolescentes.

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El fallo, de 136 páginas, recoge testimonios y pruebas que muestran cómo la exfuncionaria presentaba a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y celebraciones locales, mientras utilizaba la rectoría del plantel para encuentros con los jefes armados.

Por estos hechos, fue condenada por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, cometidos en el marco del accionar del frente Cacique Guanentá, que operó en la zona entre 2002 y 2006.

Entre las víctimas identificadas están Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, quienes denunciaron haber sido recluidas y sometidas durante meses por hombres bajo el mando de alias Víctor, Carlos, Nariz, Chirrete, Silvestre y Shuster.

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El magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, ponente del caso, resaltó que las acciones de Gutiérrez contribuyeron al sostenimiento del grupo armado y a la normalización de la violencia sexual dentro del entorno escolar.

El Tribunal ordenó su captura inmediata para el cumplimiento de la pena, aunque la defensa aún puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.