El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga declaró en desacato a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez.
27 Ago 2025
08:47 AM
MinAmbiente (e) Irene Vélez fue sancionada por desacato en la delimitación del páramo de Almorzadero
Hace un año, comunidades del páramo en Santander protestaron para exigir su delimitación, que permita realizar actividades como agricultura.
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga declaró en desacato a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, y a dos altos directivos de la entidad, por incumplir una orden judicial que exigía expedir una nueva resolución de delimitación del Páramo de Almorzadero, ubicado entre Santander y Norte de Santander.
La decisión judicial concluyó que el Ministerio no acató la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga de 2019, que ordenaba definir los límites del páramo en el plazo de un año, bajo un proceso participativo con las comunidades, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017. Seis años después, la resolución sigue sin expedirse.
El fallo advierte que las explicaciones del Ministerio “se limitaron a reseñar reuniones y gestiones internas, pero no acreditaron avances sustanciales ni el cumplimiento de las etapas mínimas de participación”, lo que constituye un incumplimiento material y continuado que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades.
La providencia impone una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes contra Vélez, Delio Mendoza Hernández (director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) y Mauricio Cabrera Leal (viceministro de Políticas y Normalización Ambiental). La decisión pasará a consulta del Tribunal Superior de Bucaramanga, que deberá ratificar o modificar la sanción.
#Ambiente | Un Juzgado de Málaga declaró en desacato a la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, y a dos altos directivos de la entidad, por incumplir una orden judicial que exigía expedir una nueva resolución de delimitación del Páramo de Almorzadero. pic.twitter.com/S0OvrvmujX
— RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) August 27, 2025
A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que la sanción no constituye un castigo personal contra la ministra Irene Vélez, sino una medida de carácter procesal prevista en el Decreto 2591 de 1991 para garantizar el cumplimiento de una tutela.
La cartera explicó que el desacato atribuido corresponde a un incumplimiento acumulado desde 2019, cuando la obligación estaba en cabeza de administraciones anteriores, y que actualmente se trata de una responsabilidad institucional.
El Ministerio también señaló que la decisión judicial aún no está en firme, pues será revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bucaramanga, y que en el proceso presentará pruebas de los avances logrados por su equipo técnico en la construcción de una nueva delimitación con criterios sociales, técnicos y económicos.
📰 #Comunicado a la opinión pública.
En atención a las inquietudes y versiones difundidas en medios de comunicación sobre el incidente de desacato relacionado con el proceso de delimitación del páramo de Almorzadero, el @MinAmbienteCo hace las siguientes precisiones 👇🏼 pic.twitter.com/gabZ8rXnJ2
— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) August 27, 2025
Retrasos también en Santurbán
El caso de Almorzadero se suma al desacato en curso por el Páramo de Santurbán, donde el Ministerio acumula ocho años de incumplimientos en la delimitación. Solo seis de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades se han realizado y no se han priorizado los recursos para cumplir con la sentencia judicial.
Tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo han instado al Gobierno a culminar de manera urgente los procesos de delimitación y han solicitado suspender la Resolución 0221, que creó una zona de reserva temporal de 75 mil hectáreas por fuera del páramo sin estudios técnicos concluyentes.
Comunidades en el limbo
Los tribunales advierten que la falta de delimitación mantiene en la incertidumbre a campesinos, agricultores y pequeños mineros, sin reglas claras sobre su permanencia y actividades productivas, al tiempo que debilita las medidas de conservación ambiental en estos ecosistemas estratégicos.
Las comunidades, organismos de control y las altas cortes han reiterado que el Gobierno debe cumplir con la Constitución y con los fallos judiciales, y garantizar un proceso transparente, participativo y definitivo para Almorzadero y Santurbán.
Fuente
Sistema Integrado de Información
