Ampliación de calamidad pública, única solución de alcaldías para el relleno sanitario 'El Carrasco'
La batalla legal del relleno del Carrasco, ha estado presente casi desde que se destinó esta ubicación, para la disposición final de desechos de 14 municipios, entre estos lo que conforman el área metropolitana y hoy el panorama no es distinto, ocho, han sido las veces que se ha usado a lo largo de la vida útil de este lugar, el recurso de calamidad pública para continuar usando el relleno como recolector de desechos.
Ante las denuncias de los pobladores de barrios cercanos en 2011, el Tribunal Administrativo de Santander tomó la decisión de cerrar de manera definitiva el relleno, pero es 2023 y aun se siguen llevando hasta este lugar los desechos, lo que ha ocasionado que administraciones municipales no busquen una solución definitiva, además que el lugar opere sin una licencia ambiental y los problemas que esto trae, como que el recurso de disposición final de desechos no pueda ser cobrado a usuarios de la empresa pública de aseo al no estar al margen y poder operar bajo lineamientos legales.
El gerente de la Emab, Helbert Panqueva, aclaró sobre la situación: “Cuando el juez ordenó el cierre y se suspendió el permiso ambiental, hoy no le podemos cobrar a los usuarios ese componente de disposición final y al no poderle cobrar a los usuario, los que han tenido que venir pagando son directamente los municipios, los alcaldes como los garantes en la prestación del servicio”.
Hasta hoy había plazo para ampliar el tiempo de calamidad pública, en la que se hizo el llamado a los alcaldes de los municipios que podrían resultar afectados, para tomar acciones legales para recuperar el permiso ambiental y prevenir complicaciones frente a la disposición de los residuos, fue como tras un consejo municipal con Gestión del Riesgo, se amplió una vez más el tiempo de la emergencia, por seis meses.
Las nuevas administraciones municipales tienen la tarea de buscar una verdadera solución ante el problema, que de no solucionarse, implicaría que varios municipios siguieran destinando recursos propios para la ejecución y disposición de los desechos, los cuales ascenderían a más de 100 mil millones de pesos, que deberían pagar principalmente municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Rionegro, Matanza y California.