Envían a la cárcel a los cinco capturados por el hurto a una joyería en Bucaramanga
Después del hecho ocurrido en el centro comercial Cuarta Etapa de la zona oriental de Bucaramanga, donde el intendente jefe Fredy Leal frustró un hurto y falleció en medio del procedimiento, se realizó la última audiencia de control de garantías contra los cinco capturados en flagrancia, señalados como presuntos responsables del robo.
El Juzgado Tercero Penal Municipal, con función de control de garantías, que ha adelantado las diligencias desde el domingo 30 de noviembre —un día después de los hechos—, determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a partir del material probatorio presentado por la Fiscalía. Las audiencias se extendieron más de una semana debido al número de detenidos y a las intervenciones de los abogados defensores.
El juez indicó que, basándose en los videos aportados, las armas de fuego incautadas y las declaraciones de uno de los implicados, quien aseguró que todos los capturados integran la misma banda, se tomó la decisión de enviar a los presuntos delincuentes a la cárcel. Además, negó las solicitudes de detención domiciliaria, aclarando que circunstancias como ser padre o madre de familia, el arraigo u otras consideraciones no justifican automáticamente la medida.
Por la gravedad del hecho y el impacto que generó en la comunidad, el juzgado enfatizó que la sociedad espera decisiones contundentes: “Enviar ese mensaje a la comunidad, que las autoridades tomen las medidas pertinentes; si eso implica medidas privativas como las tomadas, se hará”.
Tras la lectura de la decisión, se evaluó la presentación de recursos de apelación. Uno de los abogados defensores argumentó que las pruebas de la Fiscalía se basaban en un testigo informal, además se refirió a material probatorio que presentó, unas fotografías de unos chats que indicarían que la Policía realizaba seguimiento a los delincuentes desde horas de la mañana, cuestionando por qué no se había actuado antes del robo.
Ante estos alegatos, el fiscal del caso aseguró que la información del testigo informal fue verificada y que estos testimonios se denominan así porque las personas alertan a la Policía sobre situaciones sospechosas. Los uniformados se desplazaron al lugar y se encontraron con el hurto en desarrollo, sin que hubiera vigilancia previa específica sobre los implicados.
También se relató que una de las capturadas, Adrianis Esther González Garavito, fue detenida mientras se encontraba casualmente en el centro comercial, donde estaba comprando mercancía. Según su abogado defensor, uno de los presuntos delincuentes se le acercó y le ofreció una bebida para conversar, aunque ella no lo conocía ni a él ni a ninguno de los involucrados. Durante la conmoción causada por los disparos, intentó huir, pero fue derribada, jalada del pelo y golpeada en la cabeza con un arma de fuego hasta que los policías se identificaron. Según la defensa, en los videos se observa a otra persona con ropa distinta y tez más clara, quien habría logrado huir del lugar.
Frente a estas declaraciones, la autoridad judicial explicó que la decisión de imponer la medida se fundamentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía y en los testimonios del testigo informal y del implicado que colabora con la justicia. Este último detalló que los responsables llegaron al centro comercial desde las 11 de la mañana para vigilar y reportar el estado del lugar.
El fiscal añadió que se revisaron no solo las cámaras del centro comercial, sino también las de sus alrededores. En ellas se identificó a dos de los llamados “campaneros”, en particular a Adrianis Esther González Garavito, quien se desplazó desde el sector conocido como Cuadra Play hasta el centro comercial, confirmando la versión del implicado.
Finalmente, el juzgado impuso cuatro años de medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso y se realiza el juicio correspondiente. La autoridad judicial también aclaró que, debido a la relevancia del caso, se abstuvo de revisar noticias para ceñirse exclusivamente a las pruebas de la Fiscalía. Además, advirtió que, ante la presentación de nuevo material probatorio que evidencie irregularidades, omisión u ocultamiento de información, compulsará copias contra quien corresponda para que se investigue.