Procuraduría detectó presuntas irregularidades en operación del peaje La Punta
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander finalizó la acción preventiva que adelantaba en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, luego de recibir quejas de una veeduría ciudadana sobre la contratación directa y presuntos servicios deficientes en su operación, administración y recaudo desde enero de 2025.
Durante el seguimiento institucional, en el que se identificaron 14 presuntas irregularidades, se evidenció que tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., la Gobernación asumió la operación directa del peaje mediante contratos y convenios que podrían no cumplir con la normativa vigente.
En más de tres meses de trabajo, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó documentación y coordinó mesas técnicas con la Gobernación y el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), alertando sobre riesgos.
Entre las irregularidades detectadas se destacan posibles elusiones en contratos directos y en un convenio interadministrativo "como resultado de esta actuación se identificaron posibles elusiones en contratos directos con la empresa Thomas Instruments y en un convenio con el Idesan, omisiones en servicios esenciales y deficiencias en las publicaciones que deben hacerse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)".
Adicionalmente, la Procuraduría señaló fallas como tercerización irregular, ausencia de conceptos ministeriales y usurpación de funciones, lo que dio lugar a la activación de la función disciplinaria para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Aunque recientemente se había solicitado al Tribunal Administrativo de Santander la suspensión del cobro en el peaje La Punta, este se reactivó, generando nuevas protestas por parte de las comunidades que rechazan el manejo que la Gobernación ha realizado con los recursos de este importante corredor vial.
Según datos oficiales, entre noviembre y diciembre, meses en que se registraron las protestas, se dejaron de recaudar cerca de $2.000 millones de pesos. Durante un día festivo, el recaudo del peaje suele oscilar entre $50 y $60 millones de pesos, cifra que refleja el importante flujo económico de este punto de control que según la entidad gubernamental es invertido en el mantenimiento y operación de la vía.
Las comunidades insisten en que los recursos deben ser utilizados de manera transparente y eficiente, mientras las autoridades buscan piden a las comunidades que las protestas sean pacificas y no perjudiquen el funcionamiento del peaje.