
Corte Suprema ratifica acusación contra la congresista santandereana Mary Anne Perdomo
La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los congresistas Johany Alberto Palacios y Mary Andrea Perdomo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Alberto Palacio es investigado por presuntas irregularidades en el contrato que mejoraría la plaza de mercado de Istmina en Chocó y Perdomo Gutiérrez por presuntas irregularidades en el desarrollo de un contrato de una funcionaria de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La decisión fue tomada al término de la sesión ordinaria de la Sala de Instrucción del alto Tribunal. Además de los delitos mencionados, a Perdomo Gutiérrez también se le acusa por el delito de falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto. Las decisiones ya están en firme; por tanto, pasarán a la Sala Especial de Primera Instancia.
Según la Corte Suprema, el caso del representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, incurrió en dichas conductas que fueron llevadas a cabo con el Consorcio Plaza de Mercado Istmina, en la interventoría y trámite de este contrato cuando era gobernador del Chocó. Un peculado que, según la investigación, ascendió a 1.082 millones de pesos.
Hay que señalar que el gobernador Palacios Mosquera había estado señalado en otros escándalos. En su periodo constitucional entre 2016 y 2019, también afrontó una investigación disciplinaria en la Procuraduría con tres funcionarios más de su departamento por posibles irregularidades en la construcción del Hospital Lascario Barbosa Avendaño de Acandí.
Por otro lado, el órgano de control también precisó que hubo conductas irregulares por parte de Palacios Mosquera en la continuidad de la ejecución de un contrato para la masificación del servicio de gas natural para Istmina, Unión Panamericana y Condoto, en el cual autorizó pagos por más de 1.700 millones de pesos en favor del contratado, aunque los avances de las obras no los justificaban. La investigación contra el aforado ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia por las conductas mencionadas inicialmente.
En cuanto a la Representante Mary Anne Perdomo, la Corte Suprema señaló que:
La investigación se relaciona con presuntas irregularidades en desarrollo del contrato de una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo, quien, a pesar del vínculo laboral, no habría cumplido con sus funciones. A pesar de esto, se certificó que sí realizó su trabajo
Entre tanto, paralelamente Perdomo habría hecho presuntamente una indebida destinación de dineros públicos sobre su UTL, bajo un contrato que habría superado los 100 millones de pesos.