
Consejo de Estado pide acción urgente por desplazamiento infantil en el Catatumbo
El Consejo de Estado interviene para que autoridades en el Catatumbo resuelvan la situación de esa población en condición de desplazamiento reciente en especial de sus niños, niñas y adolescentes, desconocidos por grupos al margen de la ley.
"Es necesario adelantar actuaciones a favor de este grupo poblacional en los municipios que integran esa región", indicó el Consejo de Estado.
Según la corporación, 11 municipios de esa región del Catatumbo no han dado a conocer información que permita identificar a todas las víctimas por desplazamiento en esa región.
Por tanto, la Sala Plena del Consejo de Estado ordenó a los entes territoriales que adelanten censos en esa población, así como también establecer la ruta para hiciera posible la entrega de auxilios, ayudas humanitarias, si aún no lo habían hecho.
Lea más: Eln realizó retén en el Catatumbo mientras Petro anunciaba control de territorio en Ocaña
Esa decisión, específicamente cobija a los municipios de Teorama, El Tarra, Ábrego, El Carmen, Convención, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander y Río de Oro.
Ante los esfuerzos evidentes que han adelantado los municipios de La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí, el Consejo de Estado exhortó a sus autoridades a seguir cumpliendo con las obligaciones mencionadas.
El Consejo de Estado deja en claro que para estas poblaciones "se probó la respuesta asertiva del sector defensa para repeler y evitar hechos de violencia contra la población civil, así como la entrega de ayudas humanitarias; la implementación de modelos educativos de excepción, como los denominados ‘aulas temporales para la paz’ y ‘aulas temporales de emergencia’ y el restablecimiento de derechos de los menores en municipios como La Playa, San Calixto, Sardinata, Cúcuta, Ocaña, Tibú y Hacarí.
Más noticias: "El aumento de la hoja de coca se debe a que los europeos triplicaron el consumo": Presidente Gustavo Petro desde Ocaña
Además de las autoridades de esos entes territoriales, esta gestión se ha visto fortalecida por la colaboración de los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Administrativa y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional".