Desmantelan red en la frontera que lavó $82.000 millones con divisas desde China y Turquía

Agentes especiales de la Fiscalía General y de la Policía Fiscal y Aduanera capturaron y judicializaron a tres personas señaladas de integrar una organización que cometió un millonario lavado de activos, a través del ingreso ilícito de divisas desde China y Turquía.

Los fiscales a cargo del proceso lograron evidenciar que los detenidos, al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que las justificaran.

Los capturados fueron identificados como los hermanos, Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, socios y fundadores de la supuesta empresa que en realidad era un supermercado de barrio, y el esposo de ella Edwin Saúl García Castellanos.

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Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía delegada les imputó cargos a los detenidos, por su presunta autoría en los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Los tres investigados, capturados en Cúcuta (Norte de Santander), fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En las labores de seguimiento judicial se determinó que la empresa operaba en Villa del Rosario (Norte de Santander); sin embargo, se confirmó que su actividad principal no guardaba relación alguna con las operaciones de cambio en las que soportó, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, el ingreso de divisas por un valor superior a los 82.000 millones de pesos. 

Los investigadores también establecieron que La Buena Promesa SAS. tampoco registraba operaciones de comercio relacionadas con importaciones y exportaciones que justificaran el ingreso de las millonarias divisas.

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"La totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa aparentemente fue girado mediante 428 cheques, en favor de terceras personas de escasos recursos, que no tenían la calidad de proveedores o clientes de la misma, por lo que se presume que estos retiros no eran para el desarrollo de su objeto social, sino para dar la apariencia de legalidad a los recursos ilícitos a su ingreso a Colombia y luego transformarlos en dinero en efectivo", indicó la Fiscalía.

Así mismo, se evidenció que una sola persona habría realizado, en el lapso de dos años, 222 transacciones con retiros por valor de 45.710 millones de pesos, mientras que otra lo hizo por 17.525 millones de pesos.