No cesan las vulneraciones a los derechos humanitarios en el Catatumbo: patrullajes con drones y reclutamiento forzado
En el recorrido que realiza la comisión humanitaria en la zona del Catatumbo, integrada por defensores de derechos humanos, la iglesia católica, la comunidad indígena Motilón-Barí y pobladores de la región, confirman la presentación de múltiples afectaciones a las comunidades, especialmente a los niños y jóvenes.
El proceso de verificación, que se realiza en los sectores de Campo Seis y Bertrania, inicialmente ha dejado cifras alarmantes en materia de violaciones al derecho internacional humanitario, en medio de la continuidad de la ofensiva armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en la zona.
Juan Carlos Quintero, representante de ASCAMCAT, señaló que, según la información recopilada, hay graves vulneraciones al derecho a la educación por la suspensión de clases, debido a los constantes enfrentamientos, la instalación de minas antipersona y la utilización de escuelas como centro de operaciones de los grupos armados.
Sumado, a las dificultades para cerca de diez juntas de acción comunal que no están funcionando, la constante instalación de minas antipersona y patrullajes nocturnos a través de drones por parte de grupos armados ilegales.
"En este primer recorrido, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con por lo menos 600 campesinos, que están atemorizados. Se evidenció el patrullaje nocturno de drones en estos puntos, denuncias sobre campos minados que han generado la interrupción de la vida social y comunitaria en la zona", aseguró el líder social.
El representante de ASCAMCAT agregó: "Cerca de diez juntas de acción comunal no están funcionando en este momento en el sector. Hay una vulneración al derecho a la educación porque los hilos no han podido acceder debido a la confrontación armada, que está también generando el desplazamiento de decenas de líderes y presidentes de juntas de acción comunal".
Asimismo, las comunidades indígenas que están en la zona también han sido seriamente afectadas por la presión que ejercen los actores armados en diversos sectores del Catatumbo. Ocasionando el desplazamiento de núcleos familiares desde esta zona del departamento a la ciudad de Cúcuta, Ocaña y el casco urbano del municipio de Tibú.
La mesa humanitaria ha manifestado que es fundamental que haya una intervención integral del Estado para garantizar la seguridad de la comunidad. Especialmente de los niños, jóvenes y mujeres, que son constantemente intimidados. Así como la comunidad docente, que es víctima de este tipo de acciones violentas.
Desde los territorios han pedido a los actores armados que respeten los derechos de las comunidades, que permitan la instalación de corredores y la declaratoria de mínimos humanitarios y los derechos de distinción, una de las necesidades más urgentes en la zona.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 017 de 2025 para varios municipios y veredas del departamento de Tibú en el occidente del país por presunta confrontación armada entre los grupos guerrilleros ELN y las disidencias de las Farc ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte’.
El órgano de control, viene alertando que dichas confrontaciones subyacen por la disputa territorial entre dichos grupos armados que se activó desde el pasado 16 de enero de este año, la cual ha dejado varios homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad de esa población.
Específicamente en el casco urbano de Tibú, es evidente que la doble autoridad armada de las disidencias de las Farc está gobernando barrios, imponiendo restricciones de circulación y sanciones extralegales para la población y comerciantes.