Más de 10 alertas tras empalme reveló alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla
Durante dos semanas, la nueva administración, bajo el liderazgo del alcalde Cristian Portilla, llevó a cabo el proceso de empalme, en el que se han identificado más de 10 alertas relacionadas con contratos, incluyendo alumbrado público, recolección de residuos y grandes contratos con comunicadores sociales de orden nacional.
Uno de los puntos más cuestionados durante los debates del reciente proceso electoral fue la limpieza de la ciudad. Tras el empalme, se reveló que el contrato para la atención de puntos críticos de limpieza, aunque firmado, no se ejecutó oportunamente debido a que no se suscribió el acta de inicio, lo que retrasó su implementación.
Portilla aseguró al respecto: “Hay un convenio de limpieza de puntos críticos en la ciudad. Ese contrato no lo celebraron o no se inició en su etapa de acta de inicio. Celebraron el contrato el 15 de octubre, pero el acta de inicio, es decir, el inicio de la ejecución del contrato para que otros vehículos fueran y recogieran la basura de ciertos sectores, no lo hicieron. Claro, eso desbordó inmediatamente que la ciudadanía bumanguesa viera que en diferentes puntos de la ciudad estaban muy sucios, porque no había un doliente que los recogiera”.
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El mandatario también se refirió a un convenio interadministrativo que se realizó entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, que se habría suscrito para atender la emergencia del relleno sanitario El Carrasco, pero el acuerdo carecería de “sustento técnico, jurídico y presupuestal”, entre otras razones, al comprometer del presupuesto 2026 un monto de 16 mil millones de pesos, que no estarían disponibles para esa destinación, generando riesgos legales relacionados con el incumplimiento de lo ordenado por la acción popular.
Por otro lado, se mencionó otra alerta relacionada con la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Carrasco, que no inició operaciones en la fecha prevista. Según la Alcaldía, el convenio se firmó el 15 de octubre, tras un llamado de la EMAB que alertaba sobre el riesgo de cierre del relleno sanitario; debía comenzar el 1 de noviembre, pero finalmente habría comenzado a funcionar el 12 de diciembre.
El alcalde también cuestionó la contratación de asesores, periodistas y abogados con altos honorarios durante las gestiones del alcalde designado Javier Sarmiento.
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Durante el proceso de empalme, se resaltó el incremento en la contratación de personal sin justificación técnica, especialmente en dependencias como el Despacho del Alcalde, la Oficina Asesora TIC y la Oficina de Prensa.
Según el mandatario, cerca de 20 personas habrían recibido honorarios que oscilaron entre los 10 y 18 millones de pesos, en un caso específico, un comunicador social no habría estado en la ciudad para desarrollar el contrato por lo que Portilla aseguró que revisarán el proceso contractual.
“En estos 20 contratos se han destinado cerca de 366 millones de pesos y me llaman la atención dos, por ejemplo, un periodista muy reconocido a nivel nacional, de nombre Rafael Poveda, cuyo objeto contractual es prestar servicios profesionales especializados como comunicador social en el área de comunicaciones y prensa, por un plazo de 24 días. Vamos a revisarlos, queremos revisar en correlación y en relación con ese hecho contractual que existe desde Bogotá, cómo se pudo ejecutar aquí en Bucaramanga, cuáles eran las responsabilidades particulares y específicas de ese contrato. Hay otro contrato que quisiera hacer revisión, Sonia Marcela Durán, por 39 días y por 23 millones de pesos”.
Por último, se mencionaron las contrataciones en el área jurídica “En la Secretaría Jurídica, se contrataron también varios colegas jurídicos desconocidos por este despacho, mediante contratos de prestación de servicios que, al análisis jurídico y técnico, no tienen claridad sobre la necesidad y el sustento de los honorarios. Se habrían presuntamente desbordado las tablas de honorarios establecidas para este tipo de contrataciones, y no quiero hacer mención de más, para efectos de que esto no sea tomado como algo personal”.
A esto se suma la declaratoria de 16 insubsistencias de directivos que se habría dado de manera irregular, sin que se garantizara la provisión oportuna de los cargos, afectando áreas como la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y el Invisbu.