2 Sep 2022
06:24 PM
Dos alcaldes de Santander deben responder por el cobro de impuestos no autorizados
La solicitud se le hizo a ocho alcaldes del país, y entre el listado aparecen los mandatarios de Bucaramanga y Barrancabermeja.
Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a ocho alcaldes de los departamentos de Nariño y Santanderes, no seguir con el cobro de la tasa de sistematización asociada al Impuesto Departamental de Registro y el Registro de Industria y Comercio; esto debido a que se trata de un requerimiento no autorizado por la ley.
Entre los municipios que hacen parte del listado que entregó la Procuraduría están Pasto, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Bucaramanga y Barrancabermeja.
Siendo así las cosas, los mandatarios deben “informar sobre los cobros no autorizados que se están aplicando a los contribuyentes, así como las acciones adelantadas para garantizar la gratuidad del trámite de inscripción, modificación o cancelación del mencionado registro”, mencionó la Procuraduría en el documento.
#EsNoticia Procuraduría solicitó a ocho alcaldes de los departamentos de 📍Nariño, Norte de Santander y Santander no continuar con cobros no autorizado por la ley.
📌Comunicado AQUÍ 👉🏻 https://t.co/15Q303jFPd pic.twitter.com/6aYDJrvyxm
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 1, 2022
Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga se pronunció a través de su cuenta de Twitter, anunciando que “desde el municipio no se hacen cobros que no estén autorizados por la ley. Todos los cobros a los contribuyentes en Impuesto de Industria y Comercio se realizan como los autoriza la reserva impositiva del Congreso de la República”, señaló la cartera.
Sin embargo, RCN Mundo intentó comunicarse en reiteradas ocasiones tanto con los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga, como de Barrancabermeja para aclarar el tema, pero fue imposible conseguir la declaración tanto de los mandatarios, como de las Secretarías de Hacienda de ambos municipios.
Por su parte, el Ministerio Público además le solicitó a los entes territoriales información sobre la existencia de costos asociados a la digitalización, automatización y operación de estos trámites.
Incluso se hizo el requerimiento de las razones que han impedido gestionar el proyecto de acuerdo municipal para excluir los cobros indebidos.
“La Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió sobre la necesidad de dar cumplimiento a los decretos antitrámites, y prescindir de los cuestionados recaudos con el fin de optimizar la oferta institucional”, enfatizó en el comunicado la Procuraduría.
Con estas medidas de control, se busca potenciar el desarrollo de actividades empresariales, que les permita a los ciudadanos el acceso equitativo a nuevas oportunidades.
Fuente
Sistema Integrado de Información
