La Procuraduría solicitó al Tribunal suspender el cobro del peaje de La Mesa de Los Santos
La Procuraduría General de la Nación generó un documento dirigido a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, en el que se hace un llamado importante con respecto a la operación del peaje La Punta de La Mesa de Los Santos.
Poniendo sobre la mesa la denuncia instaurada por el abogado Ángel Moreno, en la que se solicita suspender el cobro del peaje oficialmente por diferentes irregularidades.
“Se solicita a la Magistrada Ponente DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado”, concluyó la Procuraduría, y ahora se espera la decisión que pueda llegar a tomar el Tribunal.
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Habló la secretaria de Infraestructura
La Gobernación de Santander, mediante la secretaria de Infraestructura, Jesica Juliana Mendoza, se refirió a este polémico tema del peaje, que ha trascendido y aumentado con el paso de los años.
“La administración departamental está actuando bajo la ley, es importante precisar que en el Artículo 19 de la Constitución se indica que la Nación y las entidades territoriales, en este caso, el departamento de Santander, tienen toda la facultad para la construcción y conservación de los componentes de su propiedad, lo que quiere decir que tenemos la plena facultad para buscar acciones que permitan tener ingresos para mejorar la infraestructura vial”, manifestó para los micrófonos de Alerta Bucaramanga la secretaria Mendoza.
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Denuncia de las comunidades
El peaje La Punta, conocido también como el peaje en la Mesa de Los Santos (aunque está en jurisdicción de Piedecuesta), ha generado protestas por la presunta falta de transparencia y ausencia de mantenimiento en las vías que deberían intervenirse con el recaudo del peaje.
El abogado Ángel Alirio Moreno, representante de las comunidades que protestan por el peaje, interpuso una demanda que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se declara como ilegal el cobro: la última concesión venció el 5 de enero de 2025 y la Gobernación continúa recaudando mediante ordenanza departamental, sin licitación ni contrato vigente, violando la Ley 105 de 1993 y la Ley 2 de 1980.
Moreno denuncia 40 años de cobros sin buenas vías y califica la decisión gubernamental de “arbitraria e ilegal”.
Además, cuestiona la ubicación de la caseta en Piedecuesta, sobre un tramo peligroso con pendientes y curvas, incumpliendo las normas técnicas.