Abogado denunció el cobro del peaje de La Mesa de Los Santos ante el Tribunal Administrativo de Santander
El peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos (Santander), continúa siendo motivo de controversia y protestas ciudadanas, debido a que las comunidades locales exigen transparencia en el uso de los recursos y la suspensión del cobro hasta que se evidencien mejoras reales en la infraestructura vial.
Durante los últimos meses, se han registrado manifestaciones y bloqueos en la zona, en los que los habitantes han mantenido las talanqueras levantadas como símbolo de rechazo. Los pobladores aseguran que, pese a que el peaje ha sido cobrado por más de 30 años, las vías siguen en mal estado, lo que consideran una injusticia frente al recaudo continuo de dinero sin resultados visibles.
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Demanda y denuncias por presuntas irregularidades
El abogado Ángel Alirio Moreno, representante de las comunidades que se oponen al cobro, interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, la cual ya fue admitida.
Moreno sostiene que el cobro del peaje es ilegal, pues —según afirma— la última concesión vial culminó el 5 de enero de 2025, y la Gobernación de Santander habría continuado con el cobro mediante una ordenanza departamental, sin licitación ni contrato de concesión, violando la Ley 105 de 1993 y la Ley 2 de 1980.
“Han impuesto durante 40 años el cobro de un peaje cuyo propósito era la construcción y mantenimiento de la vía, pero hoy no existe concesión. La Gobernación decidió recaudar directamente el dinero, lo que es arbitrario e ilegal”, expresó el líder comunitario.
Asimismo, los representantes comunales hicieron un llamado al Gobernador de Santander para que se pronuncie frente a la situación y actúe conforme a la ley.
“Lo grave es que el Gobernador no entiende que esto es un Estado de derecho, no una dictadura. Las cosas deben hacerse correctamente y dentro de los parámetros legales”, añadió Moreno en diálogo con Alerta Bucaramanga.
¿Un peaje ilegal?
Los habitantes también cuestionan la ubicación de la caseta de cobro, asegurando que esta se encuentra en jurisdicción de Piedecuesta, sobre un tramo con pendiente y curvas cerradas, lo que, según ellos, viola normas técnicas de infraestructura vial.
“La caseta está en Piedecuesta, en un tramo que no cumple las condiciones de seguridad. Además, cuando se firmó la primera concesión en 1984, Piedecuesta aún no pertenecía al área metropolitana. Desde 1985 sí lo está, y por eso la Gobernación no puede concesionar esa vía; sin embargo, impuso un nuevo peaje mediante una ordenanza, creando de hecho un impuesto ilegal”, explicó el abogado Moreno.