El alcalde de San Gil fue sancionado por incumplir una orden judicial sobre la invasión del espacio público
El alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón Rojas, recibió una noticia negativa, que incluye una sanción económica debido a una irregularidad en su administración.
Se trata del incumplimiento de una orden judicial que indicaba que el mandatario debía garantizar que no se diera un caso de invasión al espacio público; esto se dio específicamente en el barrio Santander del municipio sangileño.
Esto fue informado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil, que indicó que el alcalde Pinzón “incurrió en desacato” respecto de las obligaciones impuestas en la sentencia de primera instancia del 23 de marzo de 2018, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de marzo de 2022.
Le puede interesar: Carlos Parra realizó grave denuncia de “negocio redondo” de las multas en Tránsito de Girón
Multa
Debido a que tras la investigación se concluyó que el mandatario incurrió en el incumplimiento de una orden judicial, se impuso una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales deberán ser consignados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.
Además, el Juzgado requirió al alcalde para que “sin más dilaciones” proceda a cumplir las obligaciones impuestas dentro del proceso.
El alcalde de Barbosa también fue sancionado
Marco Alirio Cortés, alcalde de Barbosa, fue sancionado por incurrir en desacato en dos decisiones judiciales relacionadas con la garantía de derechos colectivos.
Las sanciones fueron oficializadas por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de San Gil, tras evidenciar falta de cumplimiento y ausencia de pruebas que acreditaran la ejecución de las órdenes judiciales.
Acuasan y la Alcaldía de San Gil deberán pagar multa por más de 1.500 millones de pesos
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil dictó fallo en una acción de reparación directa, declarando la responsabilidad administrativa y extracontractual del municipio de San Gil y de Acuasan.
La decisión reconoce perjuicios ambientales, afectaciones al entorno y pérdida de valor de la finca Peña Amarilla, ubicada cerca del relleno sanitario El Cucharo.
El fallo ordena el pago de indemnizaciones por perjuicios materiales, incluyendo daño emergente y lucro cesante, por impactos generados desde la operación del relleno sanitario.