
Imputaron cargos a 14 personas por permitir que falsa anestesióloga operara en dispensario militar de Bucaramanga
14 personas, entre las que se encuentran militares en servicio activo y ya retirados fueron presentados en audiencia de imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación por permitir que una mujer sin certificación atendiera pacientes en el Ejército en Bucaramanga.
Los hechos a los que se hace alusión se registraron entre los años 2017 y 2022 periodo en el que fueron atendidos un sinnúmero de pacientes.
Para el ente investigador se puso en riesgo la vida de los pacientes que atendió la falsa anestesióloga.
Luego de adelantar la investigación respectiva la Fiscalía pudo establecer luego de un seguimiento, que a la mujer se le permitió, sin la formación, ni los permisos necesarios, que ejerciera funciones como anestesióloga en el dispensario médico del Ejército Nacional en Bucaramanga.
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La investigación, adelantada por el ente acusador en conjunto con la Unidad Anticorrupción de la Dijín, develó múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos de prestación de servicios médicos especializados en esa instalación de salud militar.
Entre los investigados se encuentran la mayor ® Daisy Carolina Sosa, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de la sala de cirugías del Hospital Universitario de Santander.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, la mayor ® Sosa habría realizado varios procedimientos quirúrgicos durante ese periodo sin contar con los requisitos legales y profesionales exigidos para ejercer como especialista en anestesiología.
La investigación de igual forma arrojó que los investigados habrían omitido los controles necesarios que se establecen para la contratación, aspecto que permitió que la oficial retirada además de vincularse laboralmente practicó los procedimientos que comprometieron gravemente la salud de los pacientes.
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Por el momento se mantiene el seguimiento para determinar el número de intervenciones que pudo haber realizado la supuesta anestesióloga.
El seguimiento adelantado permitió establecer que la mujer habría entregado un diploma falso para lograr la contratación para prestar servicios médicos facilitado además por los funcionarios quienes, aprovechándose de sus cargos, avalaron la idoneidad de la profesional para favorecerse de los convenios.
La Fiscalía imputó cargos a la coronel ® Jenny Paola Figueroa y la teniente coronel ® Eddy Piedad Gonzáles, quienes fueron directoras del dispensario; también la teniente coronel Claudia Ramírez y los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Edgar Alfredo Martínez, asimismo los mayores activos Belisario Zea, Carlos Iván Ceballos y mayores retirados Jaime Alberto López y Óscar Humberto Silva, todos con funciones de ser ordenadores del gasto.