
Como peligrosa catalogan la instalación de una ZUT en el Catatumbo
El gobierno nacional autorizó la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal para el traslado de por lo menos mil integrantes de las disidencias de las FARC, al mando de alias 'Calarcá' en el municipio de Tibú.
Durante los próximos 45 días, podrán trasladarse al municipio de Tibú, los integrantes de este grupo armado, quienes tendrán siete meses para avanzar en el proceso de entrega de armas.
La decisión se formalizó mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en el marco de su política de ‘paz total’.
Según el documento, el Gobierno dispuso la medida con el objetivo de avanzar en el proceso de paz y facilitar el tránsito de los integrantes del Frente 33 hacia la vida civil.
Esta decisión del gobierno nacional ha despertado múltiples reacciones en el departamento, donde hasta el momento no se tiene información oficial por parte del gobierno nacional hacia las autoridades en el departamento.
El representante a la cámara por Norte de Santander Felipe Corzo señaló que el gobierno de Gustavo Petro quiere convertir la región del Catatumbo en un nuevo 'Caguán' que pondría en riesgo la seguridad de los habitantes de la región.
"El presidente Petro quiere convertir el Catatumbo en una zona de distensión, en un nuevo Caguán, sin pensar en las personas que están allá sin ninguna seguridad, en una zona donde hay presencia del ELN que está en confrontación con las disidencias y donde el conflicto se puede incrementar"; señaló el congresista del departamento.
Por su parte, Lina María Mejía coordinadora de la Ong Vivamos Humanos afirmó que no existe claridad si el decreto tiene en cuenta las condiciones en las cuales estás personas llegarán al lugar elegido para instalar la zona de ubicación temporal.
"No hay mucha información del decreto en torno a cómo se hará veeduría a este espacio, de cómo será la participación de los organismos internacionales que acompañarán el proceso, de la seguridad de las personas que llegarán a la ZUT y de los residentes de las áreas cercanas al sitio", dijo Mejía.
De igual forma, Enrique Pertúz presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos afirmó que en la región no se socializó los alcances que tendrá este espacio y por ende hay mucha desinformación en cuanto al proceso de llegada de estas personas.
En los próximos días, el Ejecutivo anunció que fijaría mediante un acuerdo las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del Frente 33.
También programó la ejecución de un plan de acción para la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el fin de garantizar su no vinculación a actividades armadas y el restablecimiento de sus derechos.