La Corte Constitucional confirmó que el ICBF podrá vincular funcionarios para atender a niños en el Catatumbo

La Corte Constitucional declaró exequible el decreto que faculta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF) para vincular a 80 funcionarios y conformar 20 defensorías de familia con el fin de atender a niños, jóvenes y personas con discapacidad en la región del Catatumbo y su área metropolitana tras la fuerte crisis humanitaria que vive la región.

La Corte encontró que el decreto legislativo 0433 de 2025 que otorga estas facultades a la entidad se ajustan a la constitución y la ley pese a que la corporación declaró inexequibilidad parcial del Decreto mayor, 062 de 2025 en la Sentencia C-148 de 2025, que declaraba el Estado de Conmoción para dicha región.

Por tanto, según la Corporación Constitucional este decreto sí fue firmado por todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, los dos en encargo dentro del marco legal. Pero, además, dice la Corte, dicho decreto apunta a satisfacer necesidades para la región en cuanto a la atención de niños, niñas y que son víctimas de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento y hasta explotación sexual según la Corte.

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La Corte concluyó que "las medidas contenidas en el decreto legislativo no suspenden ni vulneran derechos fundamentales, no interrumpen el funcionamiento normal de las ramas del poder público, ni afectan la vigencia del Estado de Derecho". Por otro lado, confirmó que: "el Decreto 433 de 2025 supera el juico de transitoriedad porque es una norma transitoria que ha de regir y surtir efectos únicamente durante el estado de conmoción interior".  

La Corte también señaló que es necesario reforzar la capacidad de las seis defensorías de familia que solo operan en la región, debido a las altas cifras de desplazamiento forzado que se han registrado producto del conflicto armado.

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Finalmente, se aprobó que estos 80 funcionarios recibirán la asignación básica mensual, todas las prestaciones sociales y demás emolumentos establecidos para los empleados públicos que rige para los funcionarios del ICBF con cargo a la apropiación en el presupuesto del ICBF para la vigencia 2025.