Personerías en el Catatumbo
Comunidades campesinas denuncian el incremento de estas acciones en la zona.
En medio de la ofensiva armada del ELN contra las disidencias de las FARC que han dejado más de 72 mil personas desplazadas, 150 homicidios y por lo menos 2 mil personas en estado de confinamiento, en el Catatumbo, las afectaciones a las comunidades se siguen presentando siete meses después del inicio de la confrontación.
Al punto que las comunidades campesinas, han advertido que el control territorial de los grupos armados, limita el accionar de los liderazgos sociales y comunales en gran parte de esta región del departamento.
Al punto que han denunciado que los retenes ilegales y los secuestros se han aumentado en cifras alarmantes, lo cual genera preocupación de las comunidades, que salen e ingresan constantemente al Catatumbo.
Juan Carlos Quintero representante de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, aseguró que luego de adelantar comisiones de verificación en la zona, se confirmó la realización de retenciones ilegales en medio de retenes en vías de municipios como Tibú.
"En medio de las verificaciones que hemos hecho en los territorios, se ha confirmado que hay procesos de control social fuertes, frente a las comunidades, como toques de queda, retenes ilegales en varios puntos de la zona, hay un exabrupto en relación a la privacidad de los celulares de los transeúntes que son quitados y revisados. Estas son algunas de las prácticas que son utilizadas en el Catatumbo, en medio de una situación muy compleja que se está presentando en la región"; afirmó Juan Carlos Quintero.
El representante de Ascamcat aseguró que otro de los fenómenos que está afectando directamente a las comunidades, es la desaparición forzada, especialmente en los municipios de Tibú, Convención y Ocaña.
"Hay algo muy grave, y es que los fenómenos de desaparición forzada, que se están desarrollando, sobre todo en las áreas entre Convención y Ocaña y entre el municipio de Tibú y la Gabarra, Angalia y Tibú, y entre Tibú y la ciudad de Cúcuta, esto es algo que no se han visibilizando mucho, pero se están presentando; no tenemos cifras consolidadas, pero el incremento es preocupante".
Por su parte, Francisco Daza de la fundación Paz y reconciliación, le solicitó al gobierno nacional, que se garantice la seguridad de los líderes sociales y comunales, que están expuestos al accionar de los grupos armados.
"Vemos que la violencia contra los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos, es una violencia estructural, que no se ha podido mitigar a través de mecanismos de prevención de las instituciones del Estado, hay un déficit en medidas de seguridad, también a firmantes de paz; encontramos que el departamento es un foco de violencia e instamos que durante este último año de gobierno, tenga una reacción reactiva para que se garantice la seguridad de estas personas".
Por su parte, han señalado que el próximo cinco de septiembre, se estará desarrollando una nueva sesión ampliada de la mesa humanitaria en el municipio de Tibú, exigiendo que se respeten los mínimos humanitarios, que será el acto de apertura de la semana de paz.
Fuente
Sistema Integrado de Información
